E
l sentido común se pelea, no con el conocimiento científico; sino contra el uso perverso del conocimiento científico, por esta razón debemos privilegiar el sentido común, que todos tenemos, contra cualquier argumento que nos parezca ir en contra de nuestro derecho elemental a vivir saludablemente en un planeta habitable y de esto saben, mucho más que quien esto escribe y quienes se proclaman dueños del saber
en la mayoría de las disciplinas –generalmente asentados en las urbes desde hace varias generaciones–, aquellos que han permanecido en contacto estrecho con la naturaleza o que recién salieron de ella hacia las ciudades, a causa de la invasión urbana, pero sobre todo por la expoliación de sus recursos naturales y la descalificación de sus saberes ancestrales.
En este espacio y muchos otros de los medios independientes y valientes aparecen constantemente denuncias de cómo los suicidas del régimen, funcionarios públicos, legisladores y jueces se autocastigan, y a su descendencia, con medidas y leyes que les alcanzarán tarde o temprano a través de la enfermedad física y o mental. Pues nadie escapará a los efectos nocivos de las industrias alimentarias nacionales y trasnacionales con su añadido de contaminantes en los suelos y aguas, incluidos los océanos.
Los suicidas del planeta, creyéndose supermanes a salvo de la destrucción global que propician con la energía nuclear enfocada a la guerra, mediante los ensayos practicados durante decenios y la fabricación de armas cada vez más sofisticadas con que, por lo pronto, destruyen poblaciones con todo y sus entornos naturales, parecen ignorar que en lo cotidiano envenenan o debilitan sus propios cuerpos con sustancias añadidas en comestibles y bebidas, o por la falta de minerales que se eliminan del agua desnaturalizada, por el embotellamiento en materiales como el PET que, en contacto con el calor del sol (u otra fuente), desprende dioxinas altamente cancerígenas.
Pero nosotros, que no tenemos intereses económicos en las industrias alimentarias y de bebidas, ni en la privatización de las fuentes naturales del agua, en la fabricación de plásticos y armas, ¿qué ganamos con la sordera y ceguera mentales ante la información que ya nos llega por muchas vías en todas las regiones del mundo?
El que algunas autoridades sanitarias, legisladores y jueces se suiciden junto con sus familias a cambio de unas cuantas monedas, con las que nunca podrán comprar salud y vida ante una diabetes avanzada o un cáncer, no nos obliga a padecerlos (a ellos y a sus leyes suicidas). ¿Qué nos pasa que no podemos elegir un Ejecutivo y un Legislativo responsables e incorruptibles y exigir con denuncias ciudadanas y masivas un Poder Judicial sabio, justo y honesto?
Todo esto viene a cuento no tanto por las próximas elecciones como por las noticias de marzo referentes a la votación del 18/3/15 en la Cámara de Diputados, donde la mayoría desechó cinco iniciativas para una ley general en la prevención y combate al sobrepeso, obesidad y diabetes que proponía un etiquetado semáforo para advertir sobre los riegos de consumo (ley aprobada ya en muchos países de Europa). Aunque, en nuestra opinión una ley general para prevenir y atender el sobrepeso y la obesidad sería inútil si finalmente los dictaminadores de la Ley General del Derecho a la Alimentación la sometieran a votación del pleno sin haberle quitado el capítulo de conceptos, donde se distingue perfectamente el de comestibles de alimentos, el de agua para hidratarse y preparar alimentos del agua doméstica, entre otros, pues la redacción de esta ley no admite otras interpretaciones que no sea la gramatical.
Contrariamente a otras regulaciones que se prestan a confusiones y salidas de conveniencia para empresas que untan las manos de los funcionarios y legisladores que las ponen o se dejan, ¿o de qué otra manera interpretar que los etiquetados hayan sido diseñados por las empresas y que la Secretaría de Salud y la Cofepris instruyan a los diputados afines al gobierno para que voten contra las iniciativas, alegando que la regulación en vigor es inamovible? O lo que es francamente alarmante para el sentido común de los lectores y nuestro: el argumento usado para desechar la iniciativa que preveía ampliar los horarios de prohibición publicitaria de productos chatarra en medios masivos de comunicación: equiparar la libertad publicitaria con la de expresión y considerar regular la libertad publicitaria
como plena violación al interés superior de la infancia
(cfr. Alianza por la Salud Alimentaria).
Tal vez sea preferible que esta legislatura no saque la Ley General de Alimentación (actualmente en dictamen), esperando que los ciudadanos sepamos elegir con suficiente sentido común para echar de las curules a la mayoría suicida que nos quiere arrastrar en sus impulsos, comprados por un puñado de dólares.
Aristegui y su equipo hacen falta.
yuriria.iturriaga@gmail.com
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